12:00h, Puerta principal del Cementerio general de Valencia
Verdad. Justicia. Reparación
Un año más estamos aquí para reivindicar
Año tras año, vemos con impotencia y desesperación como se destruyen y se ocultan las pruebas del genocidio. Por una parte, la destrucción de la documentación que implicaba en el exterminio a
Por otra parte, la destrucción y saqueo de las otras pruebas, las fosas comunes, con las llamadas“exhumaciones administrativas” una excepción solo vigente en el estado español, realizadas para eludir la investigación de los crímenes y el señalamiento de las responsabilidades de los culpables, ya que implican la manipulación de los restos de los asesinados sin las garantías de un protocolo policial, judicial y forense. Las exhumaciones son imprescindibles para investigar el genocidio y hacer justicia a las víctimas, pero han de hacerse, para que no se pierdan las pruebas, de acuerdo con la legislación vigente, como se hace en el resto del mundo: personándose el Juzgado y con la intervención del Instituto de Medicina Legal.
Además, alrededor de estas “exhumaciones administrativas” han surgido empresas y profesionales privados destinatarios finales de las subvenciones, que las realizan sin tan siquiera aplicar un protocolo oficialmente aprobado, y sin respetar muchas veces la intimidad de las víctimas, publicando y exhibiendo imágenes de sus restos sin ningún miramiento.
Pero todo hace indicar que la destrucción de la documentación y de las pruebas y la negación de los derechos de las víctimas a una investigación que desvele la verdad y repare minimamente la exclusión histórica no son suficiente para ellos. Tenemos que asistir, además, al espectáculo de ver como por todos los medios intentan cerrar en falso los crímenes franquistas, creando las“Comisiones de
Igualmente hemos de asistir a los intentos de que los crímenes del franquismo se juzguen en países que no tienen jurisdicción en el estado español, por lo cual, sus resoluciones y sentencias no pueden ser de aplicación. Es el caso de la llamada “querella argentina”, que no contempla juzgar todos los crímenes del genocidio, al dejar excluidos a cuantos murieron como consecuencia de las brutales medidas económicas, sociales y políticas que el franquismo impuso a la población que perdió la guerra; es decir muertos por el hambre y la sed, por enfermedades no asistidas y epidemias, por falta de vivienda y por falta de salubridad entre otras.
Esta querella está en manos de la jueza Servini de Cubría, con fuertes vinculaciones con el periodo más oscuro de la dictadura argentina, en la que ya era jueza, casada con un militar de alta graduación identificado como represor. Su nombramiento como titular del estratégico Juzgado Federal nº 1 de Buenos Aires, por el ex presidente Carlos Menem, fue muy contestado en Argentina a causa de su actuación como jueza colaboradora de la dictadura.
Llama la atención que esta querella esté apoyada en el estado español por entidades y asociaciones vinculadas a partidos políticos como el PSOE, PCE y IU, votantes de las dos leyes de Punto Final en el parlamento español,
Está claro que las autoridades e instituciones españolas hacen lo imposible para que la verdad permanezca oculta para siempre y que no se conozca el verdadero alcance del genocidio, tanto en Valencia como en todo el estado. Es el peso de los apellidos de los descendientes de los franquistas y de sus intereses económicos, presentes, hoy como siempre, desde la muerte de Franco en las más altas instancias del poder. Es la realidad de un sistema continuador del franquismo y que nunca lo condenó, con un jefe del estado, el rey de España, elegido directamente por el genocida.sistema en el que hacer apología del franquismo y despreciar la memoria de las víctimas son parte de sus libertades.
Por todo ello, los y las firmantes de este manifiesto EXIGIMOS:
No a los intentos de cerrar en falso los crímenes del franquismo, y anulación de las leyes de Amnistía de 1977 y de
No a las “exhumaciones adminsitrativas” que destruyen las pruebas del genocidio.
Exhumaciones judiciales de acuerdo con la legislación vigente con la aplicación de los protocolos policial, judicial y forense.
Que se investigue el verdadero alcance del robo, secuestro y venta de criaturas desde 1940 hasta 1960, es decir, a las afectadas por la ley Vallejo Nájera y que se exijan a las entidades implicadas las responsabilidades previstas por la ley para estos casos.
La retirada del monolito instalado sobre la fosa comun de
Entitats i persones signants: Fòrum per
No hay comentarios:
Publicar un comentario