A cargo de Julio Rubio Gómez (Autor del libro “Decimocuarto asalto”)
- Miércoles 2 de abril 15:00 h Sala de Conferencias de la Facultad de Profesorado de la UAM
- Miércoles 9 de abril a las 13:30h en de la Facultad de C.C. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (Campus Somosaguas).
Ante la cada vez más difícil tarea de diferenciar a un vigilante de seguridad de un educador social, intentamos analizar la Institución (centros de protección de menores, terapéuticos, reforma, cárcel, CIEs… Universidad, también) y su influencia en la despersonalización y deshumanización del educador social, y su total dependencia de conceptos como los “reglamentos de régimen internos”, ajenos a lo pedagógico y cercanos a la vigilancia.
¿Es compatible el código penal y la pedagogía? ¿Se está ahogando al educador social en un mar burocrático de proyectos, programas, planes, reglamentos, evaluaciones…? ¿la pedagogía requiere acercamiento o distanciamiento? ¿confianza o vigilancia?
"Con la Institución hemos topado querido Sancho”
No podemos permanecer impasibles ante la realidad silenciada y ¿transformada? que viven los chavales y las chavalas en los centros de menores. Aunque hace mucho tiempo quedó demostrado que la cárcel no reinserta, que su única función es punitiva y que destruye a las personas, siguen encerrando a los chavales y chavalas diciendo que lo hacen por su bien, que están mirando por “su interés superior”. Quieren hacernos creer que sus problemas están dentro de ellos/as y necesitan ser cambiados/as, reeducados/as, a golpe de porra, de psicofármaco y de encierro… Tratando así de convencernos de que lo que les ocurre no tiene nada que ver con el sistema social en el que vivimos, la realidad que les rodea y con las relaciones que se generan y reproducen dentro de dicho sistema.
Lo cierto es que achacar la responsabilidad a los chavales y chavalas es mucho más fácil que cuestionar los pilares sobre los que se asienta la sociedad, ya que hay a quien le conviene que esto siga siendo así.
Vivimos en una sociedad con una profunda contradicción inherente a su propia organización. Hay quien se ve obligado/a a trabajar para obtener un salario que le permita subsistir y hay quien se queda con el resto de la riqueza (el valor) que produce ese trabajo para vivir, para satisfacer sus deseos y sus necesidades. Esa contradicción crea una realidad social concreta que se ceba con las personas más desposeídas y genera conflictividad social. Por este motivo y con el objetivo de mantener el estado de cosas, (orden y funcionamiento social) el Estado gestiona, regula y controla dicha conflictividad a través de aparatos como el código penal, el cual establece qué conductas merecen ser sancionadas y de qué manera. Ésta es la razón de ser de la justicia penal.
Producto de este orden social y del malestar que genera, hay chavales y chavalas que terminan encerrados/as en centros de menores. Pero ¿quién se hace cargo del funcionamiento de estos centros? Por un lado los grupos empresariales que firman lucrativos para gestionar el personal del centro (seguridad, limpieza, “educativo” y directivo), distribuir la medicación mediante acuerdos con farmacéuticas, controlar el cáterin del centro e incluso, construir las propias instalaciones. Por otro, las ONG’s, las llamadas “bancas éticas” y otras sociedades que financian estos proyectos beneficiándose así de las reducciones fiscales que el Estado otorga a quienes invierten capital en el “sector social”.
Esta es la manera en que el Estado afronta los problemas de las personas: usurpan nuestra autonomía, nos quitan la posibilidad de gestionar nuestras vidas, de resolver nuestros conflictos y de hacernos responsables de nosotros/as mismos/as y los/las que nos rodean y luego aplican toda su fuerza contra nosotros y nosotras quitándonos la libertad.
Por lo tanto, nos parece despreciable la solución que se propone: Los chavales y chavalas tienen que adaptarse al mismo sistema que los excluye, desampara y maltrata.
Con todo esto nos parece importante cuestionar los argumentos que se emplean a la hora de justificar el encierro, tendiendo a señalar el delito y culpabilizar a los/as criminales olvidándonos de otros factores como son la marginación, la exclusión o la pobreza, es decir, las condiciones sociales y familiares que genera el propio orden social.
En esta charla aparte de hablar sobre los/as jóvenes marginados, se hablará del trabajo que se está haciendo con ellos/as, de una manera más natural y directa, obviando la solución de los que mandan el encierro.
El objetivo es traer este debate a las universidades por ser el sitio donde se forman la mayoría de las personas que trabajarán con los chavales o en los propios centros de menores (psicólogos/as, educadores/as, y trabajadores/as sociales), además de reflexionar sobre la supuesta labor reeducadora y terapéutica que profesionales ejercen, así como sobre el papel que desempeñan las personas cuya labor es intervenir en el entorno social.
Asamblea contra los centros de menores
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