Con la llegada de la "democracia", a partir de finales de los 70, la prestación de los servicios públicos municipales empezó a tener la importancia que no había tenido hasta entonces y que se tradujo en una mayor atención y un mayor peso económico en los presupuestos para la dotación de estos servicios y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en Madrid. Esto también trajo consigo el interés de muchas empresas por hacerse con la gestión de estos servicios, a cambio de una buena contraprestación económica. Así, con la complicidad interesada de los distintos gobiernos municipales se fue privatizando la gestión de los diferentes servicios públicos en la ciudad de Madrid, como la limpieza, jardinería, infraestructuras, movilidad, alumbrado, servicios funerarios, polideportivos, centros culturales y de mayores, transporte, vivienda, saneamiento, servicios sociales, 010, atención al ciudadano, escuelas infantiles, etc.
Uno detrás de otro, o conjuntamente, fueron cayendo en manos privadas la mayoría de los servicios públicos municipales, llegando a su máximo exponente con Gallardón y Botella como primeros ediles. Con lo que podemos decir que hoy Madrid está en manos de las grandes empresas privadas multinacionales como ACS, FCC, FERROVIAL, OHL, RAGA, DRAGADOS, SACYR, ya que una parte muy importante del presupuesto municipal se salda en estas subcontrataciones de los servicios públicos, a lo que habría que añadir otro 25% (en el 2014 más de un 30%), destinado a la devolución de la deuda de capital.
Desde hace años nos han intentado convencer de que los servicios privatizados eran más baratos y más eficientes, destruyendo, al mismo tiempo, el servicio público y desprestigiando a l@s emplead@s públic@s. La crisis-estafa ha destapado la realidad. La necesidad de ahorrar de los ayuntamientos, por la acumulación de deudas debido a unas gestiones desastrosas y tremendamente interesadas vendiendo el patrimonio y los servicios públicos, ha llevado a algunos ayuntamientos a desandar el camino.
Ayuntamientos como el de León, gobernado por el PP, han tenido que elaborar un Plan de Ajuste, en el que las medidas que producían más ahorro eran las de devolver a la gestión pública servicios como el de limpieza de edificios públicos o la limpieza urbana (hablamos de ahorros de más del 50% del presupuesto). Así lo corroboran también informes como el del Tribunal de Cuentas, que explica, con datos, que los servicios en gestión directa son mucho más baratos que los de gestión privada, sobre todo en grandes Ayuntamientos (en el caso de la limpieza urbana, de hasta un 71%). Los hechos demuestran lo contrario de lo que nos han intentado convencer.
El interés para promover la gestión privada es el enriquecimiento de algunos, ya que hay mucho dinero en juego y, con la connivencia de gobierno municipal, que ha promovido durante años esta política privatizadora, se ha generado una corrupción política ya sistémica, moral y endémica, llevada a tal límite, que hasta la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha tenido que intervenir multando a las empresas que hoy se están repartiendo Madrid, con el beneplácito y la manifiesta complicidad del gobierno del Ayuntamiento. Es evidente que la lucha contra la corrupción pasa por la recuperación y la remunicipalización de la gestión de los servicios públicos, ya que en los ayuntamientos es en donde se han creado y se han impulsado la mayoría de las corruptelas políticas.
Por tanto, la remunicipalización no sólo es deseable y necesaria, sino posible. Desmontadas las mentiras, ahora han hecho correr otra: la imposibilidad de poder recuperar los servicios contratados, porque supondrían fuertes indemnizaciones. Otra mentira. Los contratos tienen plazos. Los que cumplen su tiempo, pueden volver a ejercerse por el Ayuntamiento de una manera directa.
Son muchos los concursos por un año o dos años. Y los contratos que se dan por más de una legislatura (es decir, que hipotecan a futuros gobiernos municipales), se pueden anular si incumplen condiciones y objetivos, como así está ocurriendo en muchos servicios privatizados. Además con la gestión directa de los servicios se conseguiría el reingreso de plantillas, recuperación del empleo perdido, y generación de nuevo empleo.
Todo esto redundaría también en una menor presión recaudatoria, que durante estos años, y debido a los grandes fastos (remodelación M-30), eventos (Olimpiadas, Eurovegas…) y operaciones inmobiliarias como la operación Campamento, Mahou-Calderón, Chamartín, a los que se lanzó nuestro megalómano Gallardón, se nos fueron imponiendo, con grandes subidas en impuestos como el IBI, en precios públicos, como los culturales y deportivos, multas, o creación de tasas como la de basuras.
Las asociaciones, organizaciones y colectivos sociales abajo firmantes
DECLARAN Y EXIGEN
1.- Que la gestión de los servicios de competencia municipal en la ciudad de Madrid se realicen de manera directa por el Ayuntamiento o sus empresas públicas, lo que permitirá el abaratamiento y una mayor eficacia de la prestación del servicio, al eliminar la rentabilidad y beneficio económico especulativo en su gestión y la mejora de las condiciones laborales de l@s trabajador@s. Así como la desaparición de la corrupción política basada en esas concesiones.
2.- Se articule un plan de remunicipalización de los servicios públicos, de manera que no se vuelva a licitar ningún servicio cuyo plazo de concesión vaya cumpliendo, y se establezcan los mecanismos más eficientes, temporal y económicamente hablando, para la reversión de los contratos realizados con empresas.
3.- Se desarrolle una real descentralización municipal, dotando de competencias y recursos a los órganos municipales de distrito, que favorezca el control y participación en la gestión de los servicios municipales de trabajador@s y vecin@s con la articulación de los mecanismos necesarios. Y donde cada barrio o distrito pueda gestionar sus propios servicios públicos.
4.- No al pago de la deuda municipal ilegítima, con una auditoría de la misma, y con control ciudadano para garantizar que los servicios públicos gocen de los recursos adecuados. Actualmente la deuda del Ayuntamiento de Madrid, asciende a casi 6.000 millones de euros.
5.- Retirada de los ERE y ERTES de las plantillas de las contratas que gestionan los servicios públicos, lo que conlleva el reingreso de los trabajador@s despedidos, no subrogados y trasladados, para después exigir la reabsorción de las plantillas por el ayuntamiento.
6.- Aplicación a todo el personal que temporalmente siga trabajando en contratas de las mismas condiciones laborales que disfruta el personal contratado directamente por el Ayuntamiento y sus empresas públicas.
7.- Detener la venta del patrimonio municipal y recuperación del entregado a empresas privadas (algunas de las llamadas fondos buitre), tanto de edificios públicos, como de viviendas sociales (EMV).
8.- Retirada y derogación de la nueva Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que supone un retroceso en la autonomía de los ayuntamientos.
