Bajo el modelo de vender “solo” un 49% a la empresa privada, a cambio de la gestión y el control de la empresa municipal, para hacernos creer que la empresa sigue siendo pública, numerosos municipios, de todas tendencias políticas, no han tardado en sumarse a este tendencia ya generalizada de privatizar todo lo público.
Cuenca, Guadalajara, León, Avilés o Lepe, son algunos ejemplos de ayuntamientos, que tras la excusa de la crisis o de las más inverosímiles excusas, se suman a privatizar la gestión del agua en contra de la ciudadanía, que no ha tardado en organizarse en plataformas para luchar contra la privatización de este recurso natural. El precio del agua, su calidad y el fomento del uso insostenible del recurso por parte de la ciudadanía y el derroche en su gestión, con el fin de campañas de ahorro y de concienciación que ahora se realizan, son algunas de las preocupaciones más repetidas por los vecinos.
Plataforma Leonesa contra la Privatización del Agua, León, gobernado por el PSOE y UPL. Tras una campaña de regogida de firmas para solicitar un referéndum sobre la gestión del agua, más de 7.500 firmas regogidas, y todo ello a pesar de las trabas que de manera dictatorial está poniendo el Ayuntamiento, denegando la ubicación de mesas informativas y de recogidas de firmas que ha llevado a la plataforma a presentar ante el Procurador del Común una queja por "abuso de poder", tras la actuación del alcalde de León, Francisco Fernández y los concejales del equipo de Gobierno municipal "en contra del mandato constitucional que les obliga tanto al respeto de las garantías constitucionales como a facilitar la participación ciudadana". No contento con esto, cerca de 40 personas fueron desalojadas el pasado 17 de abril, del pleno del Ayuntamiento de León por las protestas realizadas contra la externalización del 49 por ciento del servicio municipal de Aguas, que tuvieron lugar en el momento en que se tenía que aprobar la propuesta para el "cambio en la forma y modo de gestión del servicio de abastecimiento de agua".
Plataforma Agua Pública, Avilés, ayuntamiento gobernado por el PSOE con el apoyo de IU. El pasado 17 de abril presentó a votación en el pleno del ayuntamiento, una consulta popular para elegir el modelo de gestión del servicio del agua avalada por 21.000 firmas y numerosos colectivos sociales. El PSOE rechazó en solitario la consulta con la abstención del PP y el voto a favor de IU y ASIA.
Plataforma contra la Privatización del Agua de Cuenca. Creada el pasado 26 de enero, ha recabado un total de 45 adhesiones entre colectivos y particulares. La excusa es la falta de liquidez del Ayuntamiento, gobernado por el PP. Pero los ciudadanos en contra de la medida insisten en que “la privatización de los servicios públicos no puede servir para aliviar las malas gestiones económicas de los ayuntamientos”. Además apuntan que esta decisión, “en la actual situación de crisis, perjudicará especialmente a las economías más débiles”.La Mesa por una Gestión Pública y Directa del Agua en Guadalajara, conformada por diversas organizaciones ciudadanas, entregó el pasado mes de octubre, cerca de 12.000 firmas de ciudadanos de la capital, recogidas a lo largo de mes y medio, contra la iniciativa del equipo de Gobierno de privatizar el agua. El consistorio, gobernado por el PP, propuso el cambio de gestión para reparar las pérdidas de agua en las conducciones, que consideraban del 40%. La propia Junta de Personal del Ayuntamiento explicaba en un escrito público que “el Servicio Municipal de Aguas es eficaz pues nunca ha recibido queja alguna por parte de los ciudadanos”.
Los trabajadores de Giahsa ( Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) se manifestaron el pasado 16 de abril contra el propósito de privatizar el servicio del agua, que quiere acometer el Ayuntamiento de Lepe (Huelva), gobernado por el Partido Popular. "Romper la unidad alcanzada entre todos los municipios supondría la precariedad del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, con nefastas consecuencias no sólo para éste, sino también para el empleo en toda la provincia, que vería mermada la oferta de puestos de trabajo y la garantía de estabilidad de los mismos"Noticias relaccionadas:
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Esto más que una privatización es un robo; en algunos casos sería posible mutualizar el servicio, y en otros -como en Madrid- podría ser asumido por los obreros que trabajan en la administración del servicio de agua.
ResponderEliminarAhora, el hecho de que este tipo de "privatizaciones" sea un robo no implica que toda privatización lo sea per se, ni que la gestión de los burócratas sea más legítima.
Propiedad privada sí, privatización fascista, no.