EL PACTO DE LA ENERGIA

Entre las propuestas de pactos del Gobierno a los distintos grupos políticos se encuentra la referida a “política energética”. En él se plantea adoptar posición común sobre seis aspectos distintos aunque evidentemente relacionados: 1) Definir un marco “diversificado y equilibrado” (literal) de fuentes de energía para 2020. 2) Desarrollo de infraestructuras energéticas de conexión para la misma fecha. 3) “Profundizar en la liberalización de mercados y en la revisión de costes regulados para mitigar su impacto en la competitividad de la industria” (literal).4) Profundizar en las políticas de ahorro y eficiencia energética. 5) Promover las energías renovables sin incurrir en sobrecostes excesivos. 6) Gestión de los residuos nucleares.

Todo el documento rezuma un aroma inconfundible de aceptación de los principios neoliberales, total ausencia de crítica al funcionamiento del mercado eléctrico pese a sus bien perceptibles deficiencias y deseo subsiguiente de alcanzar un pacto con las fuerzas situadas a la derecha del Gobierno para calmar a las empresas que intervienen en él asegurando una “estabilidad con ventajas suficientes”.

Entre los puntos propuestos, el referido a la gestión de los residuos nucleares tiene como único objetivo apuntalar la posición del Gobierno en un tema que ha suscitado un notable rechazo social al que se han unido Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE
(Catalunya, Castilla-La Mancha y en menor medida y con menor trascendencia Extremadura) y que contiene como única novedad la propuesta de designar el municipio elegido para albergar el cementerio nuclear temporal antes del 1 de Julio. Desde la izquierda, lo razonable sería condicionar esta estrategia a definir un programa de cierre de las centrales nucleares, antes de adoptar ninguna solución al respecto. En otro caso, el cementerio permitiría alargar la vida de las centrales nucleares existentes y posibilitaría un relanzamiento futuro de esta tecnología si las circunstancias políticas y económicas lo permitieran.

Tampoco ofrece mucha duda la pretensión que hay detrás de la idea de pactar el desarrollo de las infraestructuras y las conexiones internacionales: acallar las importantes protestas sociales que hay en la nueva interconexión eléctrica con Francia y reducir en lo posible los múltiples rechazos a ciertas líneas de transporte y distribución eléctrica. Los argumentos esgrimidos: mejorar la operatividad del sistema, reducir costes y facilitar la evacuación de las energías renovables no programables (singularmente la eólica) son menos evidentes de lo que se proclama.

Menos problemas tiene la idea de profundizar en las políticas de ahorro y de mejora de la eficiencia. Aunque cabe indicar que es manifiestamente insuficiente. Se limita prácticamente al programa 2000ESE que pretende actuar sobre 2.000 edificios de las distintas administraciones para ahorrar el 20% de la energía consumida. Sólo cabe desear que no quede en agua de borrajas como ha sucedido en muchas ocasiones antes.

El verdadero meollo del pacto está en los tres puntos restantes. La bajada de la demanda de electricidad y los errores en las previsiones de producción han representado un severo varapalo para las expectativas del Gobierno y de las compañías eléctricas tradicionales. Todas las alarmas saltaron cuando la Comisión Nacional de la Energía (CNE) publicó las cifras oficiales del déficit de tarifa del año 2009: 4.615 millones de euros. Más de 1.000 millones por encima de lo establecido para ese año por el Decreto Ley 6/2009. El mal dato hacía muy difícil cumplir lo previsto para 2010, máxime cuando se tendrá que producir aproximadamente el 10 % de la electricidad con carbón nacional, lo que representa un significativo sobrecoste para el sistema. El antes citado decreto ley marca un escenario de reducción del déficit de 3.000, 2.000 y 1.000 millones de euros para 2010, 2011 y 2012 respectivamente.

Para entender mejor el problema conviene saber que el sistema eléctrico español funciona mediante un mecanismo de "oferta competitiva" para atender la demanda prevista para cada período de media hora. De acuerdo con ello el "operador de mercado", ordena las ofertas de los productores de electricidad por los de precios solicitados y escoge las más baratas para atender la demanda. A todas las centrales que hayan sido requeridas para funcionar -y con independencia del precio que se haya indicado-, se les pagará el precio solicitado por la instalación más cara que haya sido necesario poner en marcha. Es decir, todas las centrales que funcionen cobrarán lo que pida la más cara entre las más baratas. Pero las centrales nucleares y las energías renovables son una excepción a este sistema. Las primeras van al mercado a precio cero debido a las dificultades técnicas que tienen para modificar su potencia y cobran el precio marginal requerido. Lo mismo ocurre con las grandes centrales hidroeléctricas, aunque en este caso la posibilidad de variar la potencia inyectada a la red sólo está limitada por la disponibilidad o no de agua. Por el contrario las energías renovables, salvo problemas técnicos, entran en la red cuando están disponibles y cobran un precio especial que, o bien es fijo (como la fotovoltaica) o bien es el precio del mercado con un límite máximo y mínimo que en ningún caso se puede superar (como la eólica). Este mecanismo tiene un efecto secundario, cuando entra a producir una fuente renovable, siempre desplaza a la central convencional “mas cara” requerida y tiene un efecto de abaratar el precio de todas las centrales requeridas para funcionar. Un ejemplo clarísimo se ha producido este año en el que la abundancia de lluvias y viento han hecho que la demanda de bastantes horas se pudiera cubrir con eólica, hidroeléctrica y nuclear, lo que se ha traducido en que el precio del mercado mayorista haya sido cero en dichas horas. Es por tanto evidente que la producción de energía renovable en este contexto se hace “contra” las energías convencionales que cobran menos por su producción. Las más perjudicadas han sido las centrales de gas en ciclo combinado que son las que suelen fijar el precio marginal. Han reducido ostensiblemente sus horas de funcionamiento y muchas de ellas han estado muchas horas sin cobrar nada. Repárese en que si son requeridas para funcionar fijan el precio de todas las instalaciones, pero si no lo son no cobran nada.

Así las cosas el mercado eléctrico puede ser visto como una pugna por los beneficios entre los productores y por el reparto de costes entre los consumidores. Una vez aceptado torpemente el volumen total del déficit tarifario por parte del Gobierno las grandes compañías tradicionales han cargado contra los propietarios de las instalaciones de renovables acusándoles de recibir primas excesivas. Muy beligerante en la batalla se ha mostrado Gas Natural, que tras absorber a Unión Fenosa pagando muy caras sus acciones, se encuentra con un montón de centrales de gas que apenas funcionan. Es muy sintomático que, pese a haber sido obligada por el Tribunal de Defensa de la Competencia a vender 2.000 MW de centrales de gas, todavía no ha materializado dicha venta porque no encuentra comprador en un contexto como el actual. En el bando contrario los instaladores de centrales termoeléctricas (con importantes compañías como ACS, Abengoa o Acciona) que han visto como se ralentizaban sus planes de instalación y temen que se reduzcan las primas que estaban establecidas, o los propietarios de parques fotovoltaicos a los que ya se les ha reducido significativamente la prima y sobre los que pesa la amenaza de una nueva reducción importante e incluso la posibilidad (desmentida por el Ministro) de un recorte sobre lo ya instalado. En una posición intermedia se encuentran eléctricas como Iberdrola que poseen un parque significativo tanto de centrales de gas como de parques eólicos y que se apuntan a diferenciar entre tecnologías “renovables maduras”, como la eólica que reciben primas razonables, y tecnologías experimentales (las solares) que con sus primas excesivas desequilibran el sistema. Lo cierto es que si la eólica provoca un abaratamiento del precio del mercado mayorista similar a la prima que recibe (como realmente ocurre) estamos ante una pugna entre productores por esa renta, pero para los usuarios no hay sobreprecio.

Desde el lado de los usuarios también hay conflicto de intereses ya que no todos pagamos igual por la electricidad. De un lado están los grandes consumidores industriales, que en general reciben la electricidad a alta tensión, y el resto (pequeña y mediana empresa industrial, sector servicios y hogares) que la reciben a baja tensión. Desde los años 90, en que la electricidad era considerada un servicio público y los precios de la misma eran determinados administrativamente para todos los usuarios, el sector eléctrico ha funcionado como un mecanismo de reasignación de rentas. Los pequeños usuarios siempre hemos pagado por la electricidad mucho más de lo que valía, permitiendo que los grandes sectores industriales pagaran por ella mucho menos. Especialmente significativo es el caso de la tarifa G-4, de la que se beneficiaron los sectores industriales muy intensivos en el consumo de electricidad y que ha sido siempre muy inferior (entre cinco y diez veces menor) que la que pagamos, por ejemplo, los usuarios domésticos.

En la actualidad hay mucha cháchara sobre la transparencia en la asignación de costes, la aditividad de los mismos y la no discriminación. Pero la transferencia de rentas permanece inalterada. Seguimos pagando más unos para que otros se beneficien. En un bien como la electricidad la única diferencia razonable de entidad entre un consumidor doméstico y los sectores industriales intensivos es que los segundos incurren en un coste de distribución y los primeros no. Descontado el mismo, seguimos pagando mucho más. La transferencia se produce a través de las llamadas tarifas de acceso, que son determinadas administrativamente y que repercuten de manera desigual los llamados costes de acceso: primas a las energías renovables, precios del transporte, de la distribución, otros costes menores, y….la anualidad correspondiente para pagar el déficit de años anteriores. Aunque se habla muy poco de esto, se trata de unos 1.500 millones de euros al año.

El día 1 de julio de 2009 desaparecieron las tarifas integrales (precios fijados por el gobierno) y fueron sustituidas por precios determinados por mecanismos de oferta-demanda entre productores de electricidad y consumidores. Permaneció como excepción la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR) a la que pueden acogerse si lo desean los consumidores que tiene menos de 10 kW de potencia consumida. Es decir la práctica totalidad de los hogares y buena parte del sector servicios y de la pequeña empresa, que representan más del 90 % de los contratos eléctricos, pero sólo un 40 % de la electricidad consumida.

Esta TUR funciona como un sistema de precios máximos que en teoría protegen a los usuarios de los excesos de las compañías eléctricas. El problema es que durante el primer semestre de 2009 la Comisión Nacional de la Energía estima que hubo un superavit de 1.146 millones de euros por parte de los pequeños consumidores. O dicho sin eufemismos, que los usuarios domésticos depositamos a través de la factura eléctrica 1.146 millones en los bolsillos de los grandes consumidores industriales. Indoloros, sin trampa ni cartón, sin que nadie lo sepa ni por tanto proteste.

La situación por tanto para el Gobierno es difícil y, dado que en las negociaciones con el sector eléctrico previas a la promulgación del Decreto-Ley 6/2009 , cometió el error de no forzar más al sector eléctrico a recortar sus pretensiones y les reconoció un déficit excesivo, hoy tiene adoptar medidas que con seguridad serán impopulares.

Todo apunta a que se decantará por recortar de un lado los ingresos de las renovables (la pregunta es ¿cuánto y a quién o a quiénes? y si este recorte permitirá alcanzar los objetivos asignados a medio plazo a estas fuentes energéticas) y de otro aumentará las tarifas de acceso a los pequeños usuarios, dado que en todos los documentos que ha entregado insiste en que los precios que paga el sector industrial por la electricidad son significativamente mayores que los de la media europea. Por otro lado cuando se habla de “profundizar en la liberalización” se deja bastante claro que en modo alguno plantea abandonar el mercado mayorista y sus absurdos mecanismos de funcionamiento.

En resumen y en definitiva el PSOE pide a los restantes grupos políticos compartir la impopularidad de una serie de medidas que son necesarias porque se ha aceptado mantener el fracasado mercado eléctrico heredado de los Gobiernos del PP (La ley básica es de 1997) en un contexto en el que sucesivamente se ha producido una subida de precio de las materias primas (2002-2007) y una abrupta caída de la demanda por la crisis. Y el problema adicional es que casi nadie parece entender la naturaleza del problema y apenas se oyen voces críticas que apunten salidas alternativas.

Ladislao Martínez López, miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR